El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció la aplicación de una tasa de seguridad del 30% a las importaciones provenientes de Colombia, medida que entrará en vigencia el próximo 1 de febrero de 2026.
La decisión, presentada como respuesta a una supuesta “falta de cooperación” de Bogotá en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal, ha sido interpretada como un acto unilateral y desesperado de un gobierno debilitado por su incapacidad de garantizar seguridad en la frontera norte.
“Hemos hecho esfuerzos reales de cooperación con Colombia, incluso con un déficit comercial que supera los 1.000 millones de dólares anuales. Pero mientras hemos insistido en el diálogo, nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna”, declaró Noboa, en un discurso que refleja más victimismo político que resultados concretos.
El mandatario aseguró que la tasa se mantendrá “hasta que exista un compromiso real para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera”.
La decisión profundiza las tensiones diplomáticas con Colombia y amenaza con desatar una guerra comercial entre dos países que mantienen un intercambio superior a los 5.000 millones de dólares anuales. En lugar de fortalecer la cooperación regional, Noboa opta por una política de confrontación que aísla a Ecuador y expone su fragilidad institucional.
Ecuador se ha convertido en un centro de operaciones del narcotráfico internacional, con puertos como Guayaquil y Esmeraldas disputados por bandas criminales. Tras el debilitamiento de estructuras como Los Choneros, proliferaron grupos más pequeños y violentos, generando disputas territoriales que han desbordado la capacidad del Estado.